El Gobierno de EE.UU. mató este 27 de octubre a cinco personas durante un "ataque letal y cinético" realizado por "la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental", bajo la dirección del Comando Sur, contra "una embarcación rápida" en el Pacífico Oriental.
De acuerdo con información publicada por el Comando Sur en la red social X, la embarcación destruida supuestamente "operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico".
La división del Pentágono detalló que su aparato de "inteligencia" confirmó que la 'narcolancha' participaba activamente "en el narcotráfico" y señaló a sus tripulantes asesinados como "narcoterroristas" sin presentar pruebas.
On October 27, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Eastern Pacific. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in narco-trafficking. The operation killed five narco-terrorists. @DeptofWar @SecWar
— U.S. Southern Command (@Southcom) October 27, 2026
El pasado 2 de septiembre de 2025 comenzaron las operaciones en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones artesanales, catalogadas de 'narcolanchas' por las autoridades estadounidenses. La administración de Donald Trump defiende estos ataques como parte de su lucha contra el "terrorismo" y narcotráfico, aunque, hasta el momento, no ha presentado pruebas fehacientes que respalden ese tipo de actuaciones que han causado la muerte de más de 200 personas.
Ante la ausencia de evidencia legal sobre las supuestas actividades ilícitas de las víctimas, los familiares acusan a la Casa Blanca de matar a personas inocentes. Además, sus muertes han sido calificadas como violación de los derechos humanos por organismos internacionales como Naciones Unidas.
Del mismo modo, otras voces de peso internacional, como el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, han tachado estos ataques de "ejecuciones extrajudiciales" contra personas de origen humilde sin que hubiera el debido proceso conforme al derecho internacional, los acuerdos entre países y las leyes locales. Asimismo, mostraron su rechazo Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de México y Brasil.
