Miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizaron este jueves 15 frente al Congreso de Argentina, en Buenos Aires, para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, lo que fue una jornada convocada para defender la educación pública terminó envuelta en graves incidentes, con fuerzas de seguridad que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra los manifestantes.
Una movilización en defensa de la educación pública
La quinta Marcha Federal Universitaria había sido convocada por estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y rectores, con el respaldo de sindicatos y organizaciones sociales. Bajo la consigna "Por la educación, la soberanía y la democracia", los participantes exigieron mayores recursos para las universidades públicas, una recomposición salarial y el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso que el Ejecutivo mantiene sin aplicar plenamente.
Desde las primeras horas de la tarde, distintas columnas comenzaron a llegar a la Plaza de los Dos Congresos para participar del acto central. La concentración se desarrollaba en medio de un importante operativo de seguridad, con calles cortadas, vallados y numerosos efectivos desplegados alrededor del Palacio Legislativo.
¿Cómo comenzaron los enfrentamientos?
La situación cambió minutos antes del acto central, cuando un grupo de encapuchados comenzó a destruir mobiliario urbano y arrojar piedras y otros objetos contra las vallas que protegían el Congreso. Imágenes difundidas por TN mostraron a personas rompiendo bancos y veredas para obtener proyectiles.
Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y chorros de agua a presión. Aunque los disturbios fueron protagonizados inicialmente por un grupo reducido, la intervención policial afectó a numerosos participantes que se manifestaban pacíficamente. Entre ellos había estudiantes, docentes y familias que habían acudido para reclamar por el futuro de la educación pública.
Los enfrentamientos dejaron al menos ocho policías heridos y 25 personas detenidas en Buenos Aires, según informó el canal argentino A24.
"Se torna realmente muy complicado"
La represión también afectó a trabajadores de prensa que cubrían la movilización. El corresponsal de RT en Argentina, Ricardo Romero, fue alcanzado por gases lacrimógenos mientras transmitía en vivo desde la avenida Rivadavia y la calle Paraná, en el centro de Buenos Aires. "Se torna realmente muy complicado poder seguir al aire y poder seguir contando lo que está sucediendo", expresó el periodista entre toses. Romero aseguró que los manifestantes que se encontraban a su alrededor "en ningún momento estaban provocando incidentes".
Uno de los episodios más graves quedó registrado por las cámaras de televisión cuando una granada de gas, lanzada por las fuerzas de seguridad, impactó en la cabeza de una mujer que participaba de la protesta. Además, un camarógrafo de C5N fue golpeado en el rostro por un individuo encapuchado mientras intentaba filmarlo.
El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo y provocó nuevas denuncias sobre la presencia de presuntos infiltrados entre los manifestantes.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó duramente el operativo policial. "No tiene ningún sentido la represión que están haciendo. La marcha venía absolutamente normal y pacífica", afirmó, al denunciar que incluso legisladores resultaron afectados por los gases.
Reclamos de la comunidad universitaria
La protesta reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales que reclaman la aplicación de la ley de financiamiento, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por Milei. La norma fue ratificada por el Parlamento, pero continúa sin aplicarse, en medio de una disputa judicial entre las universidades y el Ejecutivo.
La comunidad universitaria exige una actualización de los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones, la recomposición de los salarios docentes y no docentes frente a la inflación, y mayores recursos para la investigación científica. Los manifestantes denunciaron que el ajuste presupuestario del Gobierno pone en riesgo la calidad educativa, las actividades académicas y la continuidad de proyectos de investigación.