La decisión del Pentágono de transmitir en directo la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército estadounidense Nidal Malik Hasan ha sido cancelada por el presidente Donald Trump este jueves, pero no sin antes haber desatado una intensa controversia política y social en EE.UU.
La medida, que fue inicialmente aprobada por el mismo Trump tras una recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth, está prevista para el 3 de diciembre, solo que ahora no será retransmitida públicamente. Entre su anuncio y su cancelación hubo un intenso debate que tocó temas que dividieron a la sociedad estadounidense y probablemente ejercieron presión sobre el mandatario; iban desde el alcance de la justicia penal, derechos humanos y la seguridad nacional, hasta las consecuencias psicológicas y barreras legales de hacer pública una ejecución.
Hasan, de 56 años, fue condenado a muerte en agosto de 2013, tras ser declarado culpable de 42 cargos por un ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la base militar de Fort Hood, en Texas. Durante el tiroteo, mató a 13 personas e hirió a otras 32.
El caso también ha hecho eco debido a que, de llevarse a cabo según lo anunciado, el fusilamiento sería la primera ejecución militar en EE.UU. en 65 años, desde abril de 1961, y el primer uso de un pelotón de fusilamiento por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945. Además, si se daba la retransmisión pública, hubiese marcado un precedente en el país en casi un siglo.
¿Qué querían demostrar?
El Gobierno y quienes respaldaban la iniciativa sostenían que la gravedad de los delitos cometidos por Hasan justifica un castigo severo, y que la ejecución representa una forma de retribución para las víctimas y el país, además de una señal de que los ataques contra EE.UU. tienen consecuencias.
Uno de los principales argumentos a favor de hacerla pública era su supuesto efecto disuasorio, es decir, la posibilidad de que la difusión del castigo desanime a otras personas de cometer delitos similares. Hegseth fue uno de los que defendió expresamente la retransmisión, al explicar el propósito que atribuye a la medida, dijo:
"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, que sea público, porque deben entender que estas cosas tienen graves consecuencias"
En la misma línea, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), Markwayne Mullin, respaldó la iniciativa y sostuvo que el país debe responder de forma proporcional a los ataques. "Creo que la gente debe entender que si atacan a Estados Unidos, iremos tras ellos y nos aseguraremos de que el castigo sea proporcional al delito", afirmó a CBS.
Entre quienes apoyaban el fusilamiento, pero no su transmisión, estaba una de las víctimas, Alonzo Lunsford, exsargento del Ejército estadounidense que recibió siete disparos durante el ataque de Fort Hood. En declaraciones a la BBC, calificó el fusilamiento como un método "apropiado" para los crímenes de Hasan. Sin embargo, expresó reservas sobre el hecho de que toda la población pudiera ver la ejecución en directo, debido al mensaje que podría transmitir a los jóvenes.
"Promoción de una cultura de la muerte"
Los sectores que estuvieron en contra de la iniciativa incluyeron a dirigentes políticos de ambos partidos, organizaciones de derechos humanos, académicos y personeros religiosos. Entre las críticas, la retransmisión fue calificada de "espectáculo grotesco" y de "promoción bárbara de la cultura de la muerte". Quienes rechazaban el plan consideraban que la gravedad de los delitos de Hasan no eliminaba las objeciones morales, legales y de seguridad que plantea difundir la ejecución en directo.
Desde el Gobierno, el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, advirtió que la medida podría haber tenido repercusiones para la seguridad nacional estadounidense. "Más allá de las profundas preocupaciones morales, una ejecución pública podría brindar a las organizaciones terroristas una victoria propagandística, alimentar la radicalización y poner en mayor riesgo a los militares, diplomáticos y ciudadanos estadounidenses en el extranjero", escribió en X.
Desde el Partido Republicano, la senadora por Alaska Lisa Murkowski también condenó la iniciativa y calificó la decisión de "atroz". A su juicio, una retransmisión de este tipo hubiese sido algo que ella esperaría "de terroristas y dictadores, pero no aquí en Estados Unidos".
La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. se sumó a las críticas y en su momento pidió reconsiderar la decisión:
"Las acciones de Hasan no pueden justificarse de ninguna manera, pero esta decisión es una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe ser reconsiderada".
Amnistía Internacional, por su parte, advirtió que la transmisión agravaría "la crueldad de la pena de muerte y perpetuaría el ciclo de violencia que las autoridades supuestamente pretenden erradicar". La ONU también cuestionó la propuesta y declaró que "la transmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y viola la prohibición absoluta de la tortura".
Factor psicológico
El tema también llamó la atención de especialistas en salud mental, quienes advirtieron que la exposición a imágenes de violencia extrema puede tener consecuencias para la población en general, especialmente para los niños, los adultos mayores y las personas con antecedentes de problemas psicológicos. Estas preocupaciones están más allá del debate político sobre la justicia para las víctimas y se centran en los posibles efectos que hubiese causado convertir una muerte ejecutada por el Estado en un contenido de difusión masiva.
El psicólogo clínico David Rosenberg explicó a PBS News que las personas con depresión clínica, trastornos de ansiedad o traumas previos pueden experimentar daños acumulativos al exponerse repetidamente a escenas explícitas de violencia. También señaló que el riesgo no se limita a la emisión original: los vídeos podrían haberse recortado, copiado y circulado posteriormente por las redes sociales, incluyendo espacios digitales utilizados por niños, incluso si la transmisión inicial estuviera restringida.
Asimismo, diversos psiquiatras advirtieron que presenciar un homicidio real ejecutado por el Estado podría provocar trastorno de estrés postraumático (TEPT) entre la población civil. También señalaron que las advertencias sobre contenido sensible no siempre impiden que las personas consuman materiales potencialmente perturbadores.
En cuanto al supuesto efecto disuasorio, algunos especialistas sostuvieron que la exposición reiterada a la violencia explícita puede más bien insensibilizar a la sociedad ante el sufrimiento ajeno y reducir las respuestas de ayuda en situaciones cotidianas. La profesora de historia Rosalind Crone recordó que el Reino Unido abolió las ejecuciones públicas en 1868 debido al ambiente de celebración morbosa y salvajismo que, según su explicación, generaban entre las multitudes.
Barreras legales
Una de las barreras jurídicas que enfrentaba la difusión de la ejecución es la prohibición de la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. de grabar o retransmitir el procedimiento. Aunque los tribunales militares se rigen por normas diferentes, la regulación militar estadounidense establece que "ninguna persona menor de 18 años puede presenciar una ejecución militar".
Juristas advirtieron que una emisión abierta por Internet haría técnicamente imposible garantizar el cumplimiento de esa restricción, debido a las dificultades para verificar la edad de todos los espectadores y controlar la redistribución de las imágenes.
En ese sentido, el teniente coronel retirado y profesor de Derecho Daniel Maurer sostuvo, en un análisis para el Centro de Seguridad Nacional de Georgetown Law, que la transmisión pública en directo podría calificarse legalmente como un "castigo cruel e inusual", prohibido por la octava enmienda de la Constitución estadounidense. Maurer argumentó que la difusión masiva añadiría un componente de humillación y una penalización psicológica posterior a la sentencia, que no habría formado parte del castigo dictado originalmente por los tribunales.
¿Trump cedió ante la presión?
Aunque Trump aprobó la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento tras la recomendación de Hegseth, su respaldo a la transmisión en directo no estuvo exento de dudas. Antes de tomar la decisión de cancelar la transmisión, fuentes anónimas citadas por Axios señalaron que el mandatario expresó en privado reservas sobre la posibilidad de emitir el procedimiento públicamente.
Según esas fuentes, Trump habría comentado en ese entonces que la transmisión "podría no llevarse a cabo", pese a haber apoyado inicialmente la iniciativa con el argumento de que serviría como advertencia frente a futuros delitos. Además, se informó que el líder republicano habría recibido críticas de legisladores de ambos partidos y de asesores dentro y fuera de la Casa Blanca por la propuesta.
"Será ejecutado, tal como estaba previsto, por un pelotón de fusilamiento, pero la ejecución no se transmitirá", afirmó el mandatario el jueves tras cambiar de opinión.
