El presidente argentino, Javier Milei, anunció este jueves una batería de medidas para reforzar la estrategia del país en torno a la cuestión de Malvinas, con especial foco en el avance de proyectos vinculados con la explotación de recursos naturales en las islas.
Durante una cadena nacional, el mandatario afirmó que el reclamo argentino "enfrenta un peligro claro y urgente", señalando específicamente el proyecto petrolero extraterritorial Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación, según indicó, comenzaría en los próximos meses.
El mandatario advirtió que Argentina utilizará "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales" contra actores estatales y privados que vulneren su soberanía.
Presión diplomática
Como antesala, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de advertencia a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos en el archipiélago.
Castigo inmediato a petroleras
Se acelerarán los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 del año 2011 sobre la búsqueda y extracción de petróleo y gas en la Plataforma Continental Argentina. El Gobierno procederá a inhabilitar para operar en territorio argentino a cualquier compañía involucrada "directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina".
Base naval y logística en el Atlántico sur
Se firmará un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa. El objetivo prioritario es la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que Milei proyecta como "el polo logístico más importante del Atlántico sur", y el refuerzo de las capacidades nacionales en telecomunicaciones.
Nueva Ley de Defensa de la Soberanía
La estrategia será una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo proyecto será enviado al Congreso con carácter urgente y contará con tres objetivos:
- El primero es modificar la Ley 26.659 para endurecer drásticamente las sanciones y penas contra las empresas que realicen operaciones no autorizadas en las islas, extendiendo el castigo también a sus proveedores.
- La nueva ley contempla además la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que articulará las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Este consejo definirá políticas transversales obligatorias, establecerá un nuevo marco de protección aeroespacial y marítima del país.
- Finalmente, el Ejecutivo solicitará al Congreso que otorgue al Consejo facultades para responder mediante herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o privados que amenacen la seguridad nacional.