Las profundas heridas físicas y estructurales infligidas al continente africano por el colonialismo europeo tardarán generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hacen por completo. En el vertiginoso panorama geopolítico actual, donde crisis como la migración ilegal, la turbulencia económica y los conflictos regionales dominan los titulares africanos, la cuestión de la justicia histórica suele quedar relegada a un segundo plano. Sin embargo, mediante esfuerzos continentales, África se niega a dejar que el asunto se desvanezca en el olvido.
La emblemática Declaración de Argel, adoptada el pasado diciembre bajo los auspicios de la Unión Africana, marcó un giro desde el agravio moral hacia una estrategia jurídica, exigiendo la codificación de las atrocidades coloniales como crímenes de lesa humanidad y estableciendo que la justicia requiere reparaciones legales vinculantes, no la ayuda voluntaria de Occidente que suele promocionarse como donaciones.
Esta semana, esa demanda continental de rendición de cuentas encuentra su expresión más vívida en Namibia. El 23 de agosto, los pueblos herero y nama se reunieron en la histórica localidad de Okahandja, en el centro de Namibia, a solo 70 kilómetros al norte de la capital, Windhoek, para conmemorar el Día anual del Herero (Día de la Bandera Roja). El acto honra al jefe Samuel Maharero, líder de la resistencia herero contra el dominio alemán. Tras morir en el exilio en Botsuana, su cuerpo fue devuelto a Namibia y enterrado de nuevo en Okahandja en 1923.
La marcha por los terrenos funerarios ancestrales de los jefes supremos constituye una protesta activa contra la evasión colonial moderna, y un desafío directo a una potencia europea que intenta saldar una deuda de sangre de siglos en sus propios términos, convenientes y unilaterales.
Para comprender todo el peso de este agravio, hay que remontarse a 1904, cuando las fuerzas coloniales del Imperio alemán desataron una campaña sistemática de destrucción tras un levantamiento indígena contra el implacable despojo de tierras y la tiranía colonial. En octubre de 1904, el general alemán Lothar von Trotha emitió su infame 'Vernichtungsbefehl' (orden de exterminio), en la que declaraba explícitamente: "Dentro de las fronteras alemanas, todo herero, con o sin arma [...] será fusilado".
Lejos de enfrentar un procesamiento penal, von Trotha fue celebrado durante mucho tiempo como un héroe en su país: una calle de Múnich llevó su nombre hasta que la presión pública finalmente obligó al ayuntamiento a rebautizarla como 'Hererostrasse' en 2006.
Bajo su mando, las tropas alemanas empujaron a decenas de miles de familias herero hacia el hiperárido desierto de Omaheke, en el este de Namibia, envenenando y sellando sistemáticamente los pozos de agua para garantizar la muerte por sed e inanición. Quienes sobrevivieron, junto con el pueblo nama, que se rebeló poco después, fueron recluidos en campos de concentración —el más infame, el de la isla Shark—, donde sufrieron trabajos forzados, condiciones de vida letales y experimentos raciales pseudocientíficos.
Cuando la campaña concluyó en 1908, se había cobrado un estimado de 70.000 vidas, exterminando sistemáticamente al 80 % de la población herero y al 50 % de la población nama, en lo que historiadores y juristas reconocen como el primer genocidio del siglo XX.
Sin embargo, al enfrentar la rendición de cuentas moderna por estas atrocidades, el Estado sucesor del Imperio alemán ha ofrecido una lección magistral de evasión diplomática y jurídica. En mayo de 2021, tras seis años de negociaciones bilaterales a puerta cerrada, Berlín y Windhoek rubricaron una declaración conjunta en la que Alemania reconoció las atrocidades como "genocidio desde la perspectiva actual" —una fórmula semántica cuidadosamente calculada y diseñada específicamente para evitar admitir responsabilidad jurídica conforme al derecho internacional—. En lugar de ofrecer reparaciones legalmente vinculantes, Berlín se comprometió a aportar 1.100 millones de euros a lo largo de 30 años, destinados a proyectos de desarrollo a nivel estatal, enmarcando el apoyo financiero estrictamente como un gesto voluntario de reconciliación.
El contraste con la forma en que Alemania ha tratado los crímenes históricos en Europa no podría ser más flagrante. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Alemania reconoció su responsabilidad jurídica directa por el Holocausto, pagando decenas de miles de millones de euros en reparaciones formales directamente a los supervivientes y a organizaciones representativas, compromisos que continúan hasta el día de hoy. Sin embargo, al tratar con las víctimas africanas, Berlín invocó lagunas jurídicas intertemporales, argumentando que el derecho internacional contra el genocidio no existía en 1904. Al eludir a los líderes herero y nama para sellar un acuerdo de Estado a Estado, Alemania buscó comprar inmunidad frente a futuras reclamaciones legales. Este doble rasero es precisamente la razón por la que las comunidades afectadas rechazaron el acuerdo de 2021.
Dos años después, los líderes tradicionales de la Autoridad Tradicional Ovaherero (OTA, por sus siglas en inglés) y de la Asociación de Líderes Tradicionales Nama (NTLA, por sus siglas en inglés), en representación de los descendientes directos de las víctimas, presentaron una impugnación judicial ante el Tribunal Superior de Namibia para invalidar la Declaración Conjunta de 2021. Sostienen que, al excluir a las comunidades indígenas afectadas de las negociaciones, el Gobierno namibio incumplió su deber de proteger los derechos y el patrimonio de sus ciudadanos.
El consiguiente estancamiento político ha paralizado la ratificación parlamentaria en Windhoek, mientras que los legisladores de la oposición en Berlín ven cada vez más el acuerdo como un lastre diplomático. Al impugnar un acuerdo negociado a sus espaldas, los herero y los nama están sentando un precedente fundamental:
Los Estados soberanos no pueden saldar la deuda de sangre de un genocidio indígena sin la inclusión directa y el consentimiento de las propias comunidades víctimas.
Esta batalla legal interna se ha convertido en el eje de un impulso jurídico internacional más amplio. En agosto de 2026, Amnistía Internacional presentó oficialmente escritos ante el Tribunal Superior de Namibia para intervenir en el litigio de los herero y los nama como 'amicus curiae'. La intervención legal de Amnistía apunta a un principio fundamental: los paquetes de desarrollo entre Estados no pueden prevalecer sobre el derecho reconocido de las comunidades indígenas, conforme al derecho internacional, a reclamar reparaciones directas y plenas por el genocidio. Las antiguas potencias europeas se han protegido durante mucho tiempo tras el principio de irretroactividad, alegando que las atrocidades cometidas antes de la Convención sobre el Genocidio de 1948 quedan fuera de los marcos judiciales modernos. Sin embargo, los esfuerzos conjuntos entre la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (CARICOM) están desmantelando sistemáticamente esta defensa.
La negativa de Alemania a aceptar responsabilidad jurídica en Namibia queda así al descubierto como un intento deliberado de preservar un escudo legal que protege a los antiguos imperios de las reclamaciones de reparación.
Mientras la Unión Africana avanza hacia la codificación de las atrocidades coloniales en el derecho internacional, el recurso pendiente ante el Tribunal Superior de Windhoek sirve como caso de prueba para las antiguas potencias coloniales de Occidente. Hasta que Berlín cumpla con sus obligaciones con el mismo rigor jurídico y financiero aplicado a los crímenes históricos en Europa, las solemnes concentraciones en Okahandja seguirán siendo una línea de frente activa en la lucha global contra la impunidad.
Por Mustafa Fetouri, académico y periodista libio.