Fiscalía mexicana indaga delitos contra la seguridad nacional por presencia de agentes de EE.UU.

Esta jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades estadounidenses le manifestaron su determinación de "respetar la Constitución y la ley de México".

La Fiscalía General de México anunció este martes la centralización de dos investigaciones en curso –una de ellas por la presunta comisión de delitos contra la seguridad nacional– a propósito de la confirmación de la presencia irregular dos ciudadanos estadounidenses, presumiblemente agentes de la CIA, quienes fallecieron en un accidente de tránsito el pasado 19 de abril tras haber participado sin autorización del Gobierno federal en un operativo antinarcóticos en el estado de Chihuahua.

"La indagatoria por la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la misma FECOR (Fiscalía Especializada de Control Regional) del estado de Chihuahua", detalló el organismo en un comunicado.

La controversia estalló cuando el embajador de Washington en México, Ronald Johnson, presentó condolencias públicas por el deceso de "dos miembros del personal de la Embajada" y confirmó la participación de ambos en un operativo oficial. Luego, un periodista local reveló que los estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA.

Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a recordar que los acuerdos de seguridad vigentes no habilitan a su vecino del norte para operar sin permiso en territorio mexicano. Además, anunció que le pediría explicaciones formales a EE.UU. A ese respecto, esta jornada comunicó que envió una nota diplomática al Gobierno estadounidense y que en la respuesta recibida se le aseguró que en la Casa Blanca "quieren respetar la Constitución y la ley de México".

Entretanto, las autoridades del estado de Chihuahua quedaron expuestas al escrutinio público, pues las leyes locales prohíben explícitamente la participación de ciudadanos extranjeros en operativos antinarcóticos. El escándalo derivó en la renuncia del fiscal general de la entidad, César Jáuregui Moreno, a quien se señala de haber incumplido sus responsabilidades y se le ha criticado por ofrecer declaraciones contradictorias sobre el caso.